El PSOE intenta justificar las polémicas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, tras conocer la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el caso de Dani Alves. Montero, en un acto del PSOE en Jaén , rechazó que se cuestionase la versión de la víctima y cargó contra uno de los principios más básico del derecho penal: «Y que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos», afirmó. La ‘número 2’ del Gobierno calificó la sentencia que absuelve al exjugador de FC Barcelona por una agresión sexual a una joven como una «vergüenza» después de todo el recorrido de lucha contra la violencia de género que ha hecho su partido: «Qué vergüenza después de todo lo que ha hecho el PSOE en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la brecha salarial, en las pensiones, en todo aquello que refleja que a lo largo de nuestra vida hemos sido discriminadas o no hemos jugado el papel que teníamos que jugar», expresó durante el acto organizado en Jaén. Desde Ferraz han querido quitar hierro al asunto alegando que la ministra de Hacienda se dejó llevar por la «impotencia» que sentía tras conocer la resolución del TSJC. La portavoz del PSOE, Esther Peña, subrayó que las sentencias «se acatan y se respetan», pero consideran que es inevitable hablar sobre ellas y apeló a la «libertad de expresión» de Montero. Este comentario de María Jesús Montero sobre la presunción de inocencia arremente de lleno contra uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española . Según el artículo 24.2 de la Constitución, «todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión». Esto implica que corresponde al Estado, a través de la Fiscalía, la carga de probar la culpabilidad del acusado, y no al acusado demostrar su inocencia. En el apartado segundo del artículo artículo 24.2 de la Constitución, se recoge que todas las personas «tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia». Se establece que cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a ser tratada como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia firme. El principio de presunción de inocencia prohíbe prejuzgar a la persona acusada antes de que se lleve a cabo un juicio justo y asegura que el tribunal no puede basarse en prejuicios ni en opiniones previas para emitir su sentencia. Por tanto, la presunción de inocencia es una garantía procesal que protege a la persona acusada de ser considerada culpable sin un juicio y sin pruebas suficientes que lo demuestren. Este principio está profundamente arraigado en la Constitución y en la normativa penal, es un pilar esencial de un sistema de justicia justo y equitativo. La presunción de inocencia está también reconocida por la ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11, establece que «toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley». El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.2, se afirma que «toda persona acusada de un delito será considerada inocente hasta que se pruebe su culpabilidad según la ley». Cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales emitieron este lunes un comunicado para repredender a Montero su actitud. Señalaron la importancia de la presunción de inocencia: «Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios», advierten. Por su parte, el PP ha cargado duramente contra la vicepresidenta primera del Gobierno por sus «ofensiva» contra los jueces tras la sentencia: «Ya han insultado a empresarios, a periodistas, a jueces, y ahora insultan a los españoles. ¿Qué es esto? Claro que debería de haber dimitido, pero debería de haber dimitido hace mucho tiempo», explicó Borja Sémper, portavoz nacional del PP. Lejos de retractarse, Montero ha seguido con su actitud desafiante afirmando que no iba a aceptar «lecciones ni tergiversaciones del PP».
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Author : (abc)
Publish date : 2025-04-01 05:58:00
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¿Qué es la presunción de inocencia? El principio que cuestiona María Jesús Montero por el caso de Dani Alves
