La UE condena a Italia por los vertederos ilegales controlados por la Mafia

Es una sentencia que se califica de histórica, porque habrá un antes y un después en Italia sobre un gravísimo problema medioambiental y la lucha contra la contaminación. La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) ha condenado al Estado italiano por no haber protegido la salud y la vida de los habitantes de la llamada ‘Tierra de los Fuegos’ (Terra dei Fuochi). Se trata de una extensa zona situada entre Nápoles y Caserta, en la región de Campania, al sur de Italia. Comprende un territorio de 1076 km², en el que se ubican 57 municipios, donde residen aproximadamente 2,5 millones de personas. Es conocida también como Triángulo de la Muerte, por la aparición de numerosos casos de cáncer. Para la Corte, existe un peligro «suficientemente grave, real y comprobable» que puede calificarse de «inminente». Esto supone una violación del derecho a la vida por parte de las autoridades, que no actuaron con la celeridad y contundencia que la situación exigía. La camorra -mafia napolitana- ganó miles de millones de euros enterrando millones de toneladas de residuos tóxicos, muchos de ellos de la industria química o farmacéutica, procedentes sobre todo del norte de Italia, que se deshacían de ellos a bajo precio. Durante décadas la camorra ha encontrado un negocio lucrativo en la gestión ilegal de estos desechos industriales, cobrando a empresas de todo el país por deshacerse de m ateriales peligrosos con métodos clandestinos y, a menudo, sencillamente incendiando la basura a cielo abierto. Precisamente, la denominación Tierra de los fuegos se debe a las constantes columnas de humo que emergen de la quema de basura y residuos peligrosos en vertederos clandestinos. Los fuegos han disminuido, pero todavía en el año 2022 hubo 1049 incendios. En la Tierra de los Fuegos, durante los últimos 30 años, se han documentado miles de casos de cáncer y otras enfermedades que los residentes atribuyen al contacto prolongado con sustancias tóxicas. Algunas zonas, según varios informes, presentan niveles de dioxinas o metales pesados muy por encima de los límites establecidos, afectando también a la cadena alimentaria local. Durante muchos años, numerosas fábricas actuaban en la clandestinidad y vertían residuos tóxicos. Esa zona se convirtió en gran medida en una tierra destruida, contaminada, envenenada, obligada a absorber desechos durante años y años. Detrás estaba la criminalidad organizada, la camorra, pero contó con el silencio cómplice de políticos, empresarios, ciudadanos e instituciones que deberían controlar, vigilar, proteger y garantizar la salud pública, pero no lo hicieron. En los medios italianos se ha descrito a la Tierra de los fuegos como «el mayor envenenamiento masivo en un país occidental». Un informe del geólogo Giovanni Balestri no deja lugar a dudas sobre el destino de los residuos altamente tóxicos que «fluyen de los embalses»: en 2064, los lixiados (líquido residual, generalmente tóxico, que se filtra de un vertedero por percolación) habrán penetrado completamente en el acuífero situado debajo de la capa de toba sobre la que se encuentran los vertederos. Los venenos contaminarán decenas de kilómetros cuadrados de tierra y todo lo que la habita«. Durante años los residuos tóxicos se habían vertido incluso en vertederos autorizados, pero «quizás en la factura estaba escrita una cosa y en el camión otra», denunciaban algunas asociaciones.   La sentencia establece que las autoridades italianas han incumplido durante décadas su deber de tomar medidas adecuadas contra la contaminación y el vertido ilegal de residuos tóxicos, poniendo así en riesgo la vida de miles de ciudadanos. Desde la década de 1990, asociaciones vecinales y sacerdotes, como el popular sacerdote Maurizio Patriciello, amenazado de muerte por la camorra, denunciaron públicamente el desastre medioambiental y sanitario que estaba produciéndose ante la inacción de las instituciones. El propio sacerdote Patriciello ha recordado en varias ocasiones que entre las víctimas de cáncer en su entorno están dos de sus hermanos y otros parientes En ocasiones, incluso, quien alzaba la voz recibía amenazas mafiosas o insultos de quienes negaban la situación o minimizaban sus efectos. La sentencia de la CEDH se produce tras los recursos interpuestos por 41 particulares y cinco asociaciones, quienes alegaban violaciones al derecho a la vida y a la salud , contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los jueces de Estrasburgo dictaminaron que el Estado italiano, pese a reconocer la gravedad de la contaminación en la región, no adoptó las precauciones necesarias para frenar los vertidos ilegales ni para proporcionar información clara y veraz a la población. En concreto, la Corte denuncia la ausencia de una estrategia de comunicación «completa y accesible» que advirtiera a los ciudadanos de los riesgos potenciales o reales para la salud. Algunos documentos oficiales, recalca el fallo, estuvieron cubiertos por secreto de Estado durante largo tiempo, lo que impidió que la ciudadanía conociera la verdadera magnitud del problema. Según el Tribunal Europeo, « el Estado italiano no ha respondido a la gravedad de la situación con la diligencia y la rapidez requeridas, a pesar de ser consciente del problema desde hace muchos años». Esas profundas heridas han marcado a las gentes de este extenso territorio. Lo sufrió en su propia familia Alessandro Cannavacciuolo, licenciado en Criminología, primer firmante del recurso presentado en el Tribunal de Estrasburgo: «Mi familia fue diezmada y también nuestra granja de ovejas que se alimentaban de los campos cultivados. Muchos miembros de mi familia sufren de cáncer». Un informe del Instituto Superior de la Sanidad y de la Universidad La Sapienza de Roma ofreció datos que dejan poco a la imaginación: la incidencia de tumores en los hombres que viven o han vivido en las zonas de riesgo consideradas de las ‘Tierra de los fuegos’, es un 11% más alta. que el promedio nacional, mientras que entre las mujeres es un 9% mayor. Son alarmantes los datos relativos a la mortalidad por neoplasias en niños residentes en toda el área de las provincias de Nápoles y Caserta. El oncólogo Antonio Marfella, director del Instituto Nacional del Cáncer Fundación Pascale denunció: «Los niños nacidos aquí tienen entre un 20 y un 30% más de posibilidades de sufrir cáncer infantil. Y los tumores infantiles representan un marcador específico de tensión ambiental». Lo sabe bien Marzia Caccioppoli, una madre que vivía en Casalnuovo (Nápoles), con más de 40.000 habitantes, uno de los municipios de la Tierra de los fuegos: «Mi hijo era un niño sano, nadaba. Por la noche el aire era irrespirable. Un día, cuando tenía ocho años y medio, sufrió una ralentización motoria. Lo llevamos a un especialista y luego al hospital Gaslini de Génova (uno de los más importantes de Italia), donde descubrieron que Antonio había sido atacado por un tumor que no afecta a niños sino a personas mayores. Ante los resultados de la biopsia, el oncólogo preguntó: ‘Señora, ¿dónde vive usted? ¿Cerca de industrias?’. No entendí. Porque a nuestro alrededor había campos…». Pero estaban envenenados y el aire era irrespirable. El riesgo es que así perdurarán mucho tiempo. El dictamen de la Corte de Estrasburgo subraya que, dada la complejidad del fenómeno, se requería un plan coordinado, con acciones penales eficaces para combatir el tráfico y el vertido ilegal de residuos, así como medidas de saneamiento y monitorización constante de la calidad del aire, del agua y de la tierra. El Estado italiano, según la CEDH, no ha sido capaz de demostrar que realizó todos los esfuerzos penales necesarios para perseguir, condenar o prevenir los delitos medioambientales que han agravado la catástrofe. Para la Corte, «los progresos en la evaluación del impacto de la contaminación han sido demasiado lentos, cuando se requería rapidez». Ahora se le concede dos años «para elaborar una estrategia». Tras conocer la sentencia, el sacerdote Maurizio Patriciello, párroco en Caivano, ha recordado en varias ocasiones que entre las víctimas de cáncer en su entorno están dos de sus hermanos y otros parientes. Con notable contundencia, el sacerdote ha lamentado las «calumnias» que sufrió cuando comenzó a denunciar la situación, así como los ataques personales de quienes lo acusaban de alarmismo. Ahora, tras conocerse la sentencia, Patriciello ha expresado un «doloroso alivio» al ver que Europa confirma que no se trataba de exageraciones, sino de una verdadera tragedia silenciada por mucho tiempo. Las asociaciones vecinales y ecologistas que operan en la Tierra de los Fuegos consideran que el pronunciamiento de Estrasburgo marca un antes y un después en la lucha contra la contaminación en Campania. Aunque la CEDH rechazó los recursos de algunas organizaciones por considerar que no estaban directamente afectadas, ha reconocido la legitimidad de los residentes para exigir responsabilidad al Estado. Una de las abogadas que ha liderado la demanda, Valentina Centonze, califica la resolución de «histórica» porque no se limita a constatar la violación de derechos, sino que especifica una serie de deberes que Italia debe cumplir a partir de ahora. Entre ellos, se menciona la necesidad de diseñar una estrategia eficaz de comunicación pública y de introducir medidas correctivas que aseguren la salud de la población en el plazo máximo de dos años. El fallo no incluye una indemnización directa a los demandantes, pero sí conlleva una obligación firme para Italia: tiene que actuar sin dilaciones para atajar el problema. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Desde el Gobierno, las declaraciones preliminares reconocen la gravedad de la sentencia y prometen «un esfuerzo renovado» para implementar las recomendaciones de la CEDH. El viceministro de Justicia, Gerolamo Cangiano, de Hermanos de Italia, ha declarado que «bajo el actual Gobierno de Giorgia Meloni, la lucha contra los delitos medioambientales y la salvaguardia de la salud pública son una prioridad absoluta». Por su parte, el Partido Democrático, de izquierda, a través de su representante para el sur de Italia, Marco Sarracino, ha exigido un plan de emergencia que involucre tanto a los entes locales como al Ejecutivo nacional. El camino para solucionar el problema puede ser largo, a causa, entre otras cosas, de la compleja maraña burocrática que todavía caracteriza al país transalpino.



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Author : (abc)

Publish date : 2025-01-30 16:13:00

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