El año 2025 llega con retos importantes que afrontar para el sistema educativo de Castilla y León. En primer lugar durante el próximo mes de junio deberá poner en marcha la nueva prueba de acceso a la universidad, que, tras denominarse en los últimos años EBAU, volverá ahora a llamarse PAU . Por un lado, la Comunidad tendrá que acatar el mandato del Ministerio respecto a la renovada organización de los exámenes -se había retrasado hasta tener más consenso con las autonomías- y, por otro, establecer un modelo lo más homogéneo posible en cuanto a los criterios de corrección y los contenidos que ya han acordado las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Así, este será el año en el que las pruebas se celebrarán en la misma fecha en todo el territorio -los días 3, 4 y 5 de junio-, una reivindicación que venían haciendo distintos territorios desde hace tiempo, pero también en el que las faltas de ortografía se penalizarán de la misma forma para todos los estudiantes. Los dos primeros errores no serán penalizados, pero a partir del tercero la nota disminuirá 0,10 hasta un máximo de un punto. En el caso de la asignatura Lengua Castellana, será a partir de la segunda falta cuando se castigará y restará un 0,25 hasta un máximo de dos puntos. También podrá bajar la nota en el caso de las incoherencias o falta de conexión en los textos con hasta medio punto en las primeras materias y hasta uno en el caso de la que tiene que ver con el idioma castellano. En cuestión de número de exámenes, asignaturas y duración de los mismos -un máximo de 90 minutos con 30 de descanso entre cada prueba- todo será igual, pero por primera vez se limita cómo pueden formularse las preguntas poniendo coto a las tipo test . Por cada materia habrá un único modelo de ejercicio, que incluirá cuestiones en las que el estudiante podrá responder, a su elección, a un número de ellas determinado previamente buscando así que sea necesario estudiar todo el temario. «De forma excepcional» podrán incluirse «tareas o preguntas de respuesta cerrada», pero como mínimo se deberán incluir un 70 por ciento de preguntas abiertas o semiconstruidas que obligarán al estudiante a responder de manera amplia. Una vez recibidas las instrucciones del Ministerio de Educación, las autonomías publicaron sus modelos 0 de examen, es decir los ejemplos sobre cómo será concretamente la estructura de cada ejercicio. Además, se dieron a conocer los denominados estándares de aprendizaje que son susceptibles de caer en las pruebas. Es, precisamente, en esos contenidos donde las comunidades gobernadas por el PP, incluida Castilla y León, se han puesto de acuerdo en los criterios de corrección y los temas, de manera que no serán los mismos exámenes, pero sí con materia común para sus respectivos territorios. En este año, la Comunidad debe afrontar también la implantación de la nueva legislación de Formación Profesional , que establece, entre otras cosas, que los estudiantes pasen a tener prácticas desde el primer curso del grado, mientras que anteriormente era solo en el último trimestre del segundo. Había preocupación, sobre todo, entre el profesorado y las familias ante la posibilidad de que no existiesen plazas para todos los alumnos que cursan estos estudios en la Comunidad. Sin embargo, la consejera del ramo, Rocío Lucas, ha garantizado que los miles de estudiantes de Formación Profesional de Castilla y León contarán con prácticas «de calidad» gracias al «compromiso» del tejido productivo, incluidas también las Cámaras de Comercio y los clúster. En concreto, señaló que serán necesarias unas 12.000 empresas para poder implantar la nueva legislación correctamente y que los 47.200 estudiantes – un 2,56 por ciento más que el curso anterior- tengan sus prácticas. Por otro lado, las universidades seguirán desarrollando la nueva ley orgánica que las regula , la controvertida LOSU, después de que el Ministerio haya flexibilizado y aplazado su aplicación en alguna de sus partes como la creación de los nuevos estatutos o las plazas de profesores ayudantes doctor que se distribuirán en los centros académicos. Precisamente, en cuanto a esta legislación tanto la Junta como las universidades públicas se han mostrado muy críticas. Entre otras cuestiones debido a la sobrecarga que suponía para los centros y a la falta de financiación estatal que aún siguen demandando. Será este año también cuando las Universidades de León y Burgos tendrán que empezar a diseñar sus planes de estudio, proponer las infratestructuras y la financiación que necesitarán para sacar adelante los grados de Medicina que a finales del pasado año recibieron luz verde de la Junta de Castilla y León después de años de reivindicación. Será, por tanto, este periodo decisivo para que las hojas de ruta leonesa y burgalesa alcancen una «viabilidad técnica» que permita a los futuros estudios sanitarios tener el visto bueno de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León y puedan así ponerse en marcha, como pronto, en el curso 2026-2027. Recientemente, el presidente de la Junta ha anunciado que próximamente se celebrará una reunión entre los consejeros de Educación y Sanidad con los rectores para avanzar y firmar convenios para la futura utilización de las instalaciones sanitarias del sistema público para «la mejor docencia». A priori no será necesaria la construcción de nuevos edificios, señalaron en su día las dos universidades, que ya cuentan con enseñanzas de carácter sanitario en algunos de sus campus. Falta ahora conocer dónde se ubicarán los nuevos grados de Medicina, ya que en el caso de León, Ponferrada -con un campus de la ULE- reclama parte de la titulación. La estimación es que el grado de Medicina leonés pueda acoger entre 70 y 100 estudiantes, mientras que el de Burgos se mueve en la horquilla de 40 y 70, unos números que todas las partes -universidades y Gobierno regional-confían en que sirvan para paliar el déficit de sanitarios que acusa Castilla y León y el resto de España. Quieren, además, ambos centros especializarse de algún modo -tendría que tener encaje en los planes de estudio- en la medicina rural y en la Atención Primaria, que es precisamente la especialidad con mayor falta de médicos en la Comunidad. En lo laboral, Castilla y León tiene entre sus desafíos seguir reduciendo la interinidad de la plantilla docente. Para este año y por segunda vez consecutiva, la Comunidad ha convocado oposiciones para Primaria y Secundaria, mientras que antes las convocatorias se realizaban en años alternos. Los exámenes para poder optar a una de las 1.386 plazas que se ofertan serán en junio y se distribuirán en 767 para docentes de Infantil y Primaria y 619 de Secundaria y otros cuerpos, según informó la Consejería. Por ahora, se han concretado algunos datos de la rama del cuerpo de maestros, como que Ávila acogerá los exámenes de Audición y Lenguaje, que contará con 38 plazas, y de Pedagogía Terapéutica, con 92. Por su parte, los exámenes para las 138 plazas de Educación Infantil tendrán lugar en Burgos; y los de Lengua Extranjera (Inglés) en Palencia, con un centenar de plazas convocadas. Finalmente, Segovia acogerá los de Educación Física, 54 plazas, y los de Música, con 38. Las pruebas de la especialidad de Educación Primaria tendrán lugar en Valladolid para optar a las 307 plazas ofertadas. Lo que sí se sabe de la rama de Secundaria son las especialidades que sí se convocarán a falta de que se conozcan las plazas. Así, habrá exámenes para acceder a Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Física y Química, Tecnología, Informática, Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Instalaciones Electrotécnicas, Sistemas y Aplicaciones Informáticas y Equipos Electrónicos. Además, en las ramas singulares de FP habrá convocatorias para Mantenimiento de Vehículos y Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. El número de plazas tendrá que concretarse en las reuniones entre la Consejería con las diferentes centrales sindicales. Unas organizaciones que han comenzado este 2025 con concentraciones ante el departamento dirigido por Rocío Lucas en señal de protesta. Los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial exigen que se abra una negociación para aumentar el salario del profesorado ya que, según consideran, la diferencia con otras autonomías «es inadmisible». Piden también otras mejoras laborales como poder cobrar sexenios y carrera profesional y una reducción de la jornada lectiva para el colectivo mayor de 55 años. Unas peticiones que la Consejería se ha mostrado dispuesta a estudiar y a debatir con los representantes de los docentes.
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Author : (abc)
Publish date : 2025-01-22 08:10:00
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2025: el año de la nueva EBAU
